4.- EL CASO DEL MÉXICO ACTUAL: MANIFESTACIONES EN UN GORBIERNO DE PODER CENTRALIZADO
“...Estoy en desacuerdo con lo que dices,
pero defenderé hasta la muerte tu derecho a decirlo...”
4.1. LA MEGA MARCHA POR LA PAZ
En los últimos años la Ciudad de México ha visto desfilar por sus calles las más peculiares formas de manifestaciones, desde la anual marcha por el orgullo gay hasta una realizada por diputados con finas vestimentas e incluso varias conformadas por nudistas portando machetes y antorchas. Sin embargo el domingo 27 de junio del 2004 fue testigo de algo inédito hasta ese momento: una marcha a nivel nacional. La llamada marcha en contra de la inseguridad y la delincuencia no tuvo precedente en cuanto a nivel de convocatoria y en ella se reunió a miles de personas de todos los sectores sociales a lo largo del país.
La evolución que se ha presentado en las manifestaciones sociales de este tipo no es algo exclusivo de nuestro país “...La última década del siglo XX, tras la caída del muro de Berlín, ha visto desarrollarse de modo paralelo dos fenómenos de naturaleza radicalmente diferente junto al avance del credo neoliberal en la mayor parte del planeta, con las escuelas ya comentadas, han salidos a la luz nuevos movimientos sociales, de fuerte carácter reivindicativo, en diferentes zonas del mundo. Tales movimientos han surgido, de modo consciente o inconsciente, como respuesta casi pauloviana a la agresión neoliberal contra los derechos y las libertades. Aunque para algunos tales movimientos pueden recoger y proseguir la lucha histórica del movimiento obrero en otros terrenos (y tratase, por tanto, de ‘viejos movimientos en situaciones nuevas’), existen elementos innovadores en ellos que merecen analizarse con calma para percibir la importancia de la novedad...”[1].
La marcha contra la inseguridad representó una evolución social que en nuestro país no se conocía a tal grado. A este evento se le conoce también como La Megamarcha, misma que se convirtió en un interesante fenómeno social de participación ciudadana que por sus características únicas y por la respuesta masiva que suscitó exige un análisis particular. En ella no se exigía la satisfacción de una necesidad de un determinado sector social, sino de toda la población en general: la seguridad pública.
Desde un punto de vista sociológico reflejó cómo una parte de la sociedad mexicana ha adquirido un mayor grado de madurez, misma que se mostró en la actitud asumida por el contingente que la conformó. En México, durante la primera década del nuevo milenio, una marcha en espacios públicos nunca había tenido un nivel de organización[2] y un grado de civismo tan alto. Nos encontramos en ese momento ante la presencia de una verdadera marcha pacífica y sin que se causaran daños a bienes de terceros, con la finalidad de exigir a las autoridades mejorías en la seguridad y avance en el combate a la delincuencia. La ciudadanía exigió a sus gobernantes tomar en serio su obligación de brindar seguridad.
En ese sentido, la marcha del 27 de junio hizo evidente el reclamo dirigido a los gobiernos de cada ciudad, reflejando su incapacidad para detener la ola de violencia que vive la población. Esta forma de participación indica que (siendo el primer gobierno con un presidente no priista) la sociedad mexicana se hace más activa y exige que la democracia no sea un actividad exclusiva de los comicios, sino que la convocatoria mostró una respuesta por parte de diferentes sectores de la sociedad que, con personas de ideológicas políticas y estatus económicos diferentes, coincidieron en expresar la necesidad de que sus gobernantes brindasen soluciones a favor de la seguridad pública.
En medio de un ambiente hostil donde la criminalidad y la impunidad se incrementan y motivados por una serie de videoescándalos y noticias diarias sobre ejecuciones y guerras entre cárteles de drogas, la sociedad levantó su voz reclamando a las autoridades locales y federales coordinación en la toma de acciones conjuntas a fin combatir la inseguridad pública en todo el país. La tradicional lucha contra el crimen dejó de ser suficiente y la gente exigió prevención y no una mera reacción ante la delincuencia. Sin embargo no todo surgió en un momento, sino que tuvieron que darse diversas situaciones. Los sectores más afectados de este ambiente de adversidades fueron las clases medias y bajas y pese a la crudeza que se vivía, ninguna persona tenía el poder de convocatoria suficiente para organizar una marcha de esta magnitud.
No obstante la historia comenzó a modificarse para los inicios del nuevo milenio cuando la inseguridad comenzó a golpear a las clases altas. El secuestro de empresarios y de figuras públicas de los medios de comunicación pareció abrir los ojos al resto de la sociedad para tomar seriamente este problema. El reclamo de ciudadanos con poder económico y político se sumó al reclamo de las clases bajas. Así, la aparente imposibilidad de los gobernantes para reducir los niveles de inseguridad adquirió relevancia y se incrementó la necesidad de la participación ciudadana. Comenzó a promoverse una cultura de denuncia a fin de hacer a un lado la impunidad criminal; sin embargo, la arraigada desconfianza de la población en los órganos encargados de impartir justicia, obstaculizó esa pretensión.
Para lograr insertar una cultura de denuncias se necesitaría primero establecer una estrategia que creara un clima de seguridad y confianza en los ciudadanos para que estos denunciaran las ilegalidades cotidianas. Para ello se tendrían entonces que modificar los valores y la forma de actuar que han guiado el comportamiento de las instituciones de policía: cambiar viejas prácticas burocráticas por comportamientos basados en el raciocinio, la eficacia, el apego a la legalidad y el respeto a los derechos humanos.
No obstante los resultados no serían inmediatos, lo que conllevó a generar más inquietud y ante la falta de resultados y el apoyo de los medios de comunicación, la sociedad encabezada por empresarios víctimas de la delincuencia, organizó la megamarcha el 27 de junio de 2004. No podemos dejar de señalar que parte del éxito en la convocatoria masiva fue la tecnología con que se cuenta hoy día, la promoción en medios de comunicación y la difusión a través de internet ayudaron a que el mensaje llegará a todos los niveles sociales. “...Los movimientos sociales están, por su puesto, inscritos en una realidad concreta histórica, en un momento en que el espacio y el tiempo son la matriz en que se definen las condiciones concretas sociales, económicas y políticas. Los movimientos sociales se despliegan en estas condiciones y buscan establecer en el campo de lo político una correlación de fuerzas...”[3].
El día elegido para concretar el acto fue domingo y se invitó a que los participantes acudiesen vestidos de blanco como símbolo de paz. Los constantes mensajes en los medios de comunicación influyeron en el apoyo y la asistencia popular, logrando que la marcha se llevara a cabo de manera simultánea en diversas ciudades del país. Si bien en un principio la marcha se proponía ser sólo un reclamo en contra de la delincuencia, el resultado fue un pliego petitorio de 10 puntos dirigido a la clase gobernante:
- IMPUNIDAD.- Ninguna denuncia debe archivarse o declararse el no ejercicio de la acción penal sin el consentimiento de la víctima.
- MINISTERIO PÚBLICO.- Penas ejemplares para el Ministerio Público que otorgue libertad caucional a presuntos responsables, sin verificar si se trata de reincidentes o existen órdenes de aprehensión en su contra, así como cuando se nieguen a iniciar una averiguación previa.
- JUICIOS PENALES.- Privilegiar el juicio oral, haciéndolos abiertos y públicos, introduciendo el uso de jurados, jueces de instrucción, jueces de sentencia y otras alternativas que garanticen justicia pronta y expedita para las víctimas. Cuando se demuestre que hubo actos de corrupción, debe existir la posibilidad de invalidar la respectiva sentencia independientemente del delito cometido. Otorgar a las víctimas una participación activa durante la integración de la averiguación previa y darle opcionalmente el derecho a llevar directamente el proceso por el delito sufrido.
- ACTUACIÓN POLÍTICA TRANSPARENTE.- Crear el servicio de carrera policial, dignificando esta actividad y fomentando la especialización.
- COMBATE AL SECUESTRO.- Uniformar la tecnología en teléfonos celulares para que las llamadas de los secuestradores puedan rastrearse por las autoridades. Instalar bloqueadores de señal celular y/o de radios localizadores personales en todos los penales del País. Establecer un documento nacional de identidad infalsificable y renovable cada cinco años. La base de datos debe contener información sobre el iris del ojo. Los grupos especiales del Ministerio Público y Policía Ministerial encargados de la lucha antisecuestros deberán ser evaluados periódicamente tanto psicológica como técnicamente. Reducir a 15 años la edad penal en materia de secuestros. La pena de cárcel no deberá ser inferior a 35 años y el máximo no menor a 50 años. Los secuestradores deben ser recluidos en un penal de alta seguridad sin recibir visitas, salvo de abogados o familiares en primer grado. Modificar la Ley Federal de Delincuencia Organizada para tipificar el secuestro cometido por dos o más personas como delito de delincuencia organizada. Establecer grupos de ministerios públicos investigadores especializados en secuestros. Tipificar como delito de encubrimiento cuando el asesor-negociador de un secuestro no haga la denuncia dentro de las 72 horas siguientes a la liberación de la víctima.
- PREVENCIÓN DEL DELITO.- Crear el Instituto Nacional para Prevención del Delito como un organismo autónomo, pero con participación ciudadana. Crear un plan nacional de prevención y combate a la violencia familiar. Establecer mecanismos de coordinación permanente y eficaz entre la comunidad y los tres niveles de Gobierno en las tareas de procuración de justicia y seguridad pública.
- DERECHO DE VÍCTIMAS.- Garantizar la protección y confidencialidad de los denunciantes, a fin de evitar represalias de los delincuentes. Establecer el derecho de la víctima de contar con un asesor jurídico, desde la averiguación previa hasta que se ejecute la sentencia, y en caso de no poder contratarlo que se lo proporcione el Estado.
- CULTURA DE LA LEGALIDAD.- Fomentar la cultura de la legalidad desde la primaria hasta niveles de educación media superior.
- SISTEMA PENITENCIARIO.- Cumplimiento efectivo de las sentencias privativas de libertad impuestas por una autoridad judicial
- PARTICIPACIÓN CIUDADANA.- Crear la figura del Ombudsman de la Sociedad como un ente jurídico autónomo no supeditado a ninguno de los poderes[4].
La megamarcha de 2004 creó un punto de referencia único en nuestro estudio. No sólo se mostró un nivel de organización social y cívico masivo, sino que el pliego petitorio reflejó el sentir de la población a grado tal que en las elecciones presidenciales de 2006 se vio favorecido el candidato que prometió una lucha frontal contra el narcotráfico y la delincuencia organizada. Ahora bien, saber si los métodos empleados por el gobierno en contra de la criminalidad son los idóneos no son tema de nuestro estudio, pero debemos hacer hincapié en que, en el mayor o menor grado deseado, los 10 puntos del pliego petitorio fueron tomados en cuenta por la clase gobernante y reflejan un pequeño avance social. Una manifestación pacífica en las calles originó que hoy día se puedan realizar denuncias vía teléfono celular, se hayan creado cuerpos especializados en el combate contra el secuestro y el narcotráfico y se hayan instalado cámaras de seguridad en puntos de alta afluencia civil con la intención de prevenir delitos.
Podemos entonces señalar que la megamarcha rindió un pequeñísimo fruto a favor de la sociedad. No obstante, este evento no es el único ni el más significativo en México. Nuestra historia está llena de manifestaciones sociales en las calles que han derivado en verdaderos triunfos sociales y en cambios realmente radicales en la manera de pensar de la población general que ha trascendido incluso generaciones. A continuación veremos algunas de ellas.
4.2. TRIUNFOS SOCIALES A TRAVÉS DE LAS MANIFESTACIONES
En la historia de las manifestaciones sociales en México destacan cuatro que por su gran impacto redefinieron el rumbo del país. La primera fue la convocatoria del cura Miguel Hidalgo y Costilla que culminó con la Guerra de Independencia de España; la segunda fue la encabezada por Francisco I. Madero que dio inicio a la Revolución; la tercera, la organizada por Lázaro Cárdenas para pagar la deuda a las empresas que controlaban el petróleo nacional; la cuarta y más reciente es el movimiento estudiantil popular de 1968 que tristemente terminó en una masacre en la plaza de las Tres Culturas de Tlatelolco.
En este sentido es importante destacar que en la memoria nacional aún existe el recuerdo de tres de esas convocatorias que culminaron en acciones violentas. Dos ellas enorgullecen y llenan de un sentimiento patriótico, pero la de 1968 recuerda la represión y la tragedia de un grupo de idealistas. “...En México el pasado se inserta en el presente, en el imaginario colectivo y en las luchas sociales al tratarse de eventos que ensangrentaron al país. Se preserva y reproduce la memoria de hechos violentos dirigidos por el gobierno para truncar acciones reivindicatorias de aquéllos (sic) que pugnan por aperturas políticas y libertarias. El Estado acalla las voces de protesta por la vía de la fuerza a través de la imposición del terror y del asesinato...”[5].
Hoy la realidad de México es diferente a la época en que se dieron tales acontecimientos. Pese a que sigue siendo un país en vías de desarrollo, la actitud asumida por los participantes de La Megamarcha fue la de manifestarse pacíficamente reflejando la madurez de la sociedad mexicana, como se señaló previamente. Sin embargo, la actitud del gobierno parece no estar al nivel de las exigencias actuales. Esto es algo que se ha dado a lo largo de los años (aunque no sólo en México), la poca capacidad de reacción de la clase gobernante ante los disgustos sociales refleja su insensibilidad hacia los problemas de la mayoría de la población. Poco a poco se genera una mayor conciencia social, desafortunadamente ésta se limita únicamente a los grupos con acceso a la educación; no obstante, a esto se suma el hecho de que las clases bajas crean vínculos de identidad basados en necesidades y padecimientos comunes que logran que éstas se unan en un frente común para exigir de manera conjunta respuestas o acciones a los gobernantes[6].
La falta de herramientas legales eficientes y la poca difusión de las que existen han convertido a las manifestaciones en espacios públicos en una atractiva forma de llamar la atención por parte de las clases bajas para que sean escuchadas por las autoridades. “...La pregunta que se hace desde el ámbito jurídico es cómo lograr que todos los sectores de la población puedan ejercer en igualdad de condiciones todos los derechos fundamentales. En este sentido, expresión y no discriminación se relacionan en un sentido positivo que es necesario reforzar para la construcción de sociedades más igualitarias y democráticas. El derecho debería luchar por lograr el acceso de todos los grupos -especialmente los que más lo necesitan- a los que hoy son espacios privilegiados y muy relevantes para la construcción democrática (igual acceso)...”[7].
Una manifestación en forma de movimiento multitudinario hace que un grupo específico tome protagonismo en un momento temporal determinado, convirtiendo a los marginados en actores centrales. Así, al lograr captar la atención de las personas ajenas al movimiento, los manifestantes exponen su punto de vista en defensa de sus intereses o mostrando al resto una problemática que les afecta con una intención reivindicatoria[8].
Pero las manifestaciones sociales no son convocadas exclusivamente como una reacción contraria ante un acto de gobierno, sino que también se realizan para exigir el reconocimiento de derechos para un grupo social. Un claro ejemplo de esto es la Ley de Sociedades de Convivencia. Durante años, la llamada comunidad lésbico-gay fue marginada y rechazada como consecuencia de paradigmas sociales que hoy llegan a considerarse anticuados.
La historia nos remonta a abril de 1969 en la ciudad de San Francisco, donde grupos de integrantes de la comunidad lésbico-gay se manifestaron frente a astilleros de un puerto como protesta por despidos masivos de trabajadores, cuya única falta fue la de ser homosexuales. Para el 28 de junio del mismo año, en Nueva York, el bar Stonewall Inn es irrumpido por la fuerza policial para realizar una redada de homosexuales. Estos acontecimientos dieron origen al movimiento Gay Liberation Front, primer grupo con un nivel organizativo considerable que luchó por la reivindicación de los derechos de la comunidad lésbico-gay[9] y que reclamaba derechos iguales a los de los heterosexuales: derechos a la salud, laborales, humanos, de respeto a su estilo de vida, así como lo que debieran ser elementales principios jurídicos de protección a sus uniones e incluso, derecho a la adopción. De entonces a la fecha, al menos en diez países europeos se han consagrado en la ley los derechos civiles de esta minoría social y doce naciones de otros continentes legislan al respecto. En América Latina, Argentina y ahora México, en el Distrito Federal, se han impulsado reformas similares.
“...De febrero de 2001 a febrero de 2004 se dio en la ciudad de México un fuerte movimiento por el reconocimiento legal de las parejas del mismo sexo y de otras formas de arreglos domésticos agrupados en la iniciativa de Ley de Sociedades de Convivencia, que buscaba garantizar derechos mínimos de sucesión, tutela, manutención y arrendamiento para sus integrantes. Esta iniciativa de ley, impulsada por una red de organizaciones lésbicas, gay, transexuales y de derechos sexuales, tenía condiciones políticas muy favorables para ser aprobada: se presentaba en el contexto de un gobierno de izquierda, con una fracción parlamentaria de izquierda mayoritaria, un importante apoyo de intelectuales, artistas, académicos y juristas, una opinión pública cada vez más favorable a la iniciativa...”.[10] Esta iniciativa contó con el apoyo de la diputada Enoé Uranga, quien públicamente se declaró lesbiana y presidía en ese momento la Comisión de Derechos Humanos de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal.
En un ambiente de escepticismo y visiones contrarias se inició el debate por el reconocimiento legal a formas de convivencia no tradicionales en México. La Ley de Sociedades de Convivencia, útil para personas heterosexuales u homosexuales, se aprobó y contó con el apoyo de un sector de la población que optaba por la protección de los derechos humanos.
Si bien es cierto que el impulso de esta Ley ha sido preponderantemente una lucha de la comunidad lésbico-gay, cabe aclarar que la misma no sólo favorece a personas homosexuales sino que también protege a aquellos han decidido unirse y crear un patrimonio común. Esta Ley abarca y garantiza derechos a relaciones que no forman parte de la “norma”. La referida Ley señala en su artículo 2° que una sociedad en convivencia es un acto jurídico bilateral que se constituye cuando dos personas (sin importar su sexo, mayores de edad y con capacidad jurídica plena) establecen un hogar en común con voluntad de permanencia a fin de proporcionarse ayuda mutua.
No obstante los beneficios jurídicos que se pretendieron con la creación de la mencionada Ley, algunos sectores sociales conservadores vieron con recelo a la misma argumentando que se atentaba contra la figura de la familia tradicional al ver a la Ley como un ordenamiento casi exclusivo para el beneficio de la comunidad lésbico-gay. Aun cuando el reconocimiento legal de las sociedad de convivencia es un paso importante en evolución de la forma de ver a la diversidad sexual, la Ley no atiende sólo a personas homosexuales sino que también regula relaciones entre personas de igual o distinto sexo que no necesariamente crean lazos de relación sentimental, sino que generan un vínculo de ayuda mutua.
No obstante, la Ley de Sociedades de Convivencia no es el único logro jurídico que las minorías sexuales han conseguido mediante movilizaciones en las calles. En 1999, el Diputado David Sánchez Camacho pugnó hasta conseguir las reformas al Código Civil a favor de las minorías en el Distrito Federal y cuatro años después se promulgó Ley Federal para Prevenir la Discriminación “...En 1999, el diputado local del PRD David Sánchez Camacho, quien posteriormente asumiría de manera pública su identidad gay, impulsó la reforma del entonces Artículo 281 bis de dicho Código [Civil para el Distrito Federal] a partir de un exitoso foro legislativo sobre diversidad sexual y derechos humanos. Más tarde, en el 2001, se reformaría el Artículo 1º. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para prohibir todo tipo de discriminación, y en junio de 2003, se promulga la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación por cualquier motivo, incluidas las preferencias sexuales..."[11].
Asimismo, el 29 de diciembre de 2009 se publicó en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el Decreto por el que se Adicionan Diversas Disposiciones del Código Civil para el Distrito Federal y del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, dentro del cual se modificó el concepto de matrimonio para señalar que es la unión libre de dos personas para realizar la comunidad de vida (artículo 146 del Código Civil para el Distrito Federal) cuando anteriormente lo limitaba a la unión entre un hombre y una mujer, lo que contempla el otorgamiento y protección de garantías sociales y jurídicas a las personas del mismo sexo que decidan unirse en matrimonio. Antes de estas reformas, las parejas del mismo sexo no tenían derecho al registro en los sistemas de seguridad de social ni en la unión del patrimonio para solicitar créditos bancarios. La lucha por la reivindicación de los derechos de las minorías sexuales ha rendido frutos a lo largo del mundo gracias a los constantes esfuerzos que han realizado los integrantes de la comunidad lésbico-gay, muchos de los cuales se han visto reflejados como marchas en avenidas públicas que suelen celebrarse cada año. No obstante, la historia evoluciona y las formas cambian. Recientemente se suscitó un hecho nunca antes visto en México: una manifestación pública realizada en un espacio no físico.
A finales del año 2009 y en medio de una crisis económica global, en nuestro país se discutía el paquete fiscal para el ejercicio del 2010. Entre otras, surgió la propuesta de gravar con una tasa del 3% el uso del Internet, a fin de lograr una mayor recaudación fiscal[12].
Con motivo de esto surgió movimiento el llamado “Internet Necesario” organizado por cibernautas mexicanos que se expresaron en contra del impuesto, mismo que fue replicado en diferentes lugares de la República por personas que veían al Internet como una herramienta indispensable para el desarrollo del país. “...En la mayoría de los países europeos, el internet ya es un derecho ciudadano [...] No más impuestos. No al 3% adicional a servicios tan necesarios como el internet..."[13]. El movimiento se dio a través de la Red en diferentes sitios web y logró que el tema se considerara desde un punto de vista diferente gracias al eco generado en los medios de comunicación tradicionales sin precedentes.
Diversos sectores sociales se unieron al movimiento en la Red a fin de discutir las repercusiones que tendría en la ciudadanía el gravamen. Gracias a la amplía respuesta de las personas que apoyaron el rechazo al impuesto el movimiento logró captar la atención mundial e hizo que las Cámaras de Diputados y Senadores consideraran el inminente riesgo de que México fuese visto como un país retrógrada en caso de la aprobación de la contribución fiscal.
Miles de usuarios inconformes de Internet se volcaron a la página de www.twitter.com para expresar su opinión haciendo alusión a que, mientras en otros países el uso de Internet es gratuito y se legisla para garantizarlo como un derecho fundamental (como en Finlandia), en México se pretendía imponerle un impuesto, lo que fue calificado como una contravención al desarrollo económico y social del país y un obstáculo en la educación de miles de personas y sistemas que se apoyan en el uso de la Red global. La protesta de mexicanos en la comunidad virtual Twitter en contra de este impuesto pronto se convirtió en uno de los temas más comentados a nivel mundial bajo el tema “Internetnecesario”.
Así, para el primero de noviembre del 2009 se aprobó la Ley de Ingresos de la Federación excluyendo el uso del Internet dentro de las actividades gravables. Podemos ver de esta manera que la presión ejercida a través de la Red global logró que se eliminara la posibilidad de gravar una actividad que, hasta hace unos años, no era considerada como cotidiana o necesaria. “...Hay ahora un nuevo mapa en el ajedrez político: los ciudadanos independientes capaces de organizarse rápidamente. Una muestra de esto son los grupo de ciudadanos que se manifiestan espontáneamente con mecanismos que son y serán cada vez más valiosos: el movimiento Internet Necesario que lanzó una campaña en internet en Twitter y Facebook, es una muestra de la capacidad de movilización por medio de redes que están fuera del control de los medios de comunicación tradicionales, y por tanto son poco receptivos a los estímulos del Gobierno. Estas manifestaciones novedosas han llegado para quedarse y jugarán un papel cada vez más importante...".[14]
Si bien el presente estudio se aboca a las manifestaciones en espacios públicos, no podemos ignorar este acontecimiento en virtud de que el uso de la Red global se considera un espacio de uso público y, aunque sólo pueden acceder a ella quienes tienen determinado nivel económico, el movimiento realizado por los participantes mostró una nueva forma de ejercer presión a fin de que un sector social sea escuchado por las clases gobernantes. El Internet no es una vía pública para el tránsito de las personas, sin embargo, como vimos a finales del año 2009, se puede utilizar para sensibilizar a quienes ejercen el poder respecto del sentir de un sector de la sociedad. Asimismo, no podemos ignorar que este hecho derivó en un triunfo social resultado de un movimiento multitudinario organizado para la consagración de un fin específico, lo que sin duda refleja que nuestra sociedad está evolucionando y siempre buscará nuevas formas de manifestarse, a fin de ser considerados en la toma de decisiones por parte de la autoridad.
4.3. MANIFESTACIONES MIGRANTES HACIA LA CAPITAL ¿POR QUÉ DE ELLAS?
México se ha caracterizado por la centralización del poder. Desde el siglo pasado, la figura del Presidente de la República ha representado la máxima autoridad a través del Poder Ejecutivo[15]. Desde la Promulgación de nuestra Carta Magna y hasta nuestros días los Poderes de la Federación se dividieron para su ejercicio en Legislativo, Ejecutivo y Judicial (artículo 49). El Poder Legislativo se deposita en un Congreso General dividido en dos Cámaras: una de Diputados y otra de Senadores (artículo 50). El ejercicio del Poder Judicial se deposita en una Suprema Corte De Justicia, en un Tribunal Electoral, en Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y en Juzgados de Distrito (artículo 94). Pero el artículo 80 reconoce al Poder Ejecutivo como el Supremo de los Poderes de la Unión: “...Se deposita el ejercicio del Supremo Poder Ejecutivo de la Unión en un solo individuo, que se denominara ‘Presidente de los Estados Unidos Mexicanos’...”.
La concentración de este Poder en una sola persona ha generado que el titular del mismo haya dispuesto en incontables ocasiones cómo han de actuar los Poderes Legislativo y Judicial, por lo que los únicos que pueden llegar a hacer frente a un mandato presidencial son los llamados grupos de presión[16]. Cada Entidad Federativa cuenta con recintos locales para el ejercicio de los Poderes estatales; sin embargo, es en la Ciudad de México donde se ubican las sedes de los tres Poderes de la Unión a nivel Federal.
Por ello no resulta difícil descifrar el por qué las personas que quieren ser escuchadas por aquellos que realmente ejercen el Poder se trasladan a la capital del país. A mayor abundamiento, para lograr una presión hacia las altas esferas gobernantes del país, es mejor ejercer la misma en el territorio en el que éstas se ubican a fin de conseguir un impacto a nivel nacional que se refleje en un cambio social en todo el país. En este sentido, “...los estudiosos del tema [de la manifestaciones] suelen afirmar que los movimientos masivos producen la modernización, estimulan la innovación e impulsan la reforma social [...] El ejemplo clásico es el movimiento obrero, institucionalizado en el sistema sindical y en el Estado de bienestar...”[17], por lo que si la finalidad es lograr una innovación que implique el reconocimiento de derechos de una minoría por parte de toda la población en general, el objetivo que aparenta más beneficios al realizar un bloqueo en avenidas de uso común o una manifestación en espacios públicos será aquel en el que se afecte no sólo a un sector poblacional numeroso, sino aquel que afecte a los que ostentan la titularidad de los Poderes gubernamentales.
La Ciudad de México reúne ambos supuestos: una masa poblacional densa[18] y la sede de los tres Poderes de la Unión. Viendo al Distrito Federal desde esta perspectiva, el mismo se aprecia de manera indubitable como un blanco más provechoso para ser escuchados por un sector poblacional importante, especialmente si consideramos que el Distrito Federal es uno de los principales contribuyentes en el Sistema Nacional de Coordinación Fiscal (SNCF), por lo que las consecuencias económicas que resultan de paralizar al mismo impactan de manera negativa al resto de las entidades que integran al SNCF.
Así, una manifestación en el Distrito Federal llega a tener repercusiones en todo el país y no sólo a nivel local, haciendo especial señalamiento en que los principales afectados son los ciudadanos de la entidad. Pero ¿por qué es tan sencillo sofocar a la Ciudad de México con una manifestación en una de las llamadas avenidas principales? Este tema se trata más a fondo en el siguiente capitulo, en el cual comenzaremos analizando la realidad del diseño urbano de la Ciudad de México y los factores sociales que en ella convergen a fin de comenzar a comprender de manera más amplia los conflictos que padecen quienes habitan en la capital del país para posteriormente estudiar las opciones políticas que se han generado como consecuencia de las manifestaciones sociales y, finalmente, esbozar la posibilidad de regular jurídicamente las marchas y plantones en espacios de uso común.
* Esta frase suele ser atribuida a Voltaire, sin embargo su autoría es de Evelyn Beatrice Hall en su obra “The Friends of Voltaire”.
[1] OSSET, Miguel, Más allá de los derechos humanos, DVD Ediciones, España, 2001, p. 231.
[2] El antecedente inmediato de manifestaciones multitudinarias en espacios públicos con una organización elevada se tenía desde 1968, más de 35 años antes.
[3] VAN BEUREN, Ingrid y Oscar D. Soto Badillo (coords.), Derechos Humanos y Globalización Alternativa: una perspectiva Iberoamericana, S. N. E., Universidad Iberoamericana Puebla, México, 2004, p. 212.
[4] http://www.icesi.org.mx/publicaciones/comunicados/10_puntos_de_marcha_por_la_seguridad.asp [fecha de consulta: 21/05/2011]
[5] SARANKIN, André y Pedro Paulo A. Funari (comp.), Arqueología de la represión y la resistencia en América Latina 1960-1980, Editorial Brujas, Argentina, 2006, p. 93.
[6] VAN BEUREN, Ingrid y Oscar D. Soto Badillo (coords.), Op. Cit., p. 212.
[7] SALAZAR UGARTE, Pedro y Rodrigo Gutiérrez Rivas, El derecho a la libertad de expresión frente al derecho a la no discriminación. Tensiones, relaciones e implicaciones, Instituto de Investigaciones Jurídicas, Universidad Nacional Autónoma de México, México, 2008, p. 86.
[8] LORCA NAVARRETE, José F., Derechos Fundamentales y Jurisprudencia, S. N. E., Ediciones Pirámide, España, 1995, p. 98.
[9] GONZÁLEZ PÉREZ, María de Jesús, Marcha del orgullo por la diversidad sexual. Manifestación colectiva que desafía las políticas del cuerpo, en El Cotidiano, Universidad Nacional Autónoma Metropolitana-Azcapotzalco, México, mayo-junio 2005, Número 131, p. 91.
[10] BRITO, Alejandro, Del derecho de convivencia a la conveniencia de no reconocerlo, en Debate Feminista, México, 2005, Número 32, p. 134.
[11] BRITO, Alejandro, Op. Cit., p. 135.
[12] MERLOS, Andrea y otros, Ley de Ingresos, con más recursos en 2010, en El Informador, México, 21 de octubre de 2009, p. 6A.
[13] El Ejecutor (seudónimo), Internet necesario, en Líder Informativo, México, Año 2, Número 584, p. 27.
[14] LUIS, Salomón, Más ciudadanía contra impuestos, en El Informador, México, 28 de octubre de 2009, p. 4A.
[15] GROSS SPIEL, Héctor y otros, El predominio del poder ejecutivo en Latinoamérica, Instituto de Investigaciones Jurídicas, Universidad Nacional Autónoma de México, México, 1977 p. 315.
[17] ZAFRA, Gloria y otros, Op. Cit. P. 10.
[18] Tan sólo en 2005 la población del Valle de México superó los ocho y medio millones de habitantes de acuerdo con el conteo realizado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) en ese año.
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