martes, 24 de abril de 2012

5.- LA CIUDAD DE MÉXICO, DISTRITO FEDERAL

5.- LA CIUDAD DE MÉXICO, DISTRITO FEDERAL


Desde las diez ya no hay donde parar el coche,
ni un ruletero que lo quiera a uno llevar,
llegar al centro, atravesarlo es un desmoche,
un hormiguero no tiene tanto animal.
-Fragmento de la canción “Sábado Distrito Federal”, Chava Flores


5.1. LA MEGALÓPOLIS

La Ciudad de México tiene su origen en los primeros años de la vida independiente de nuestro país, concretamente en la Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos del 4 de octubre de 1824. Si bien la misma no contempló al Distrito Federal como parte integrante del territorio nacional, en la fracción XXVIII del artículo 50 señaló como una de las facultades exclusivas del Congreso General (hoy Congreso de la Unión) "...Elegir un lugar que sirva de residencia á los supremos poderes de la Federación, y ejercer en su distrito las atribuciones del poder legislativo de un Estado...".
De esta manera, y después de intensos debates, el Congreso General emitió el Decreto 438 de fecha 18 de noviembre de 1824 (publicado el día el día 20 del mismo mes y año por instrucción del Presidente Guadalupe Victoria), que dictó “...Artículo 1. El lugar que servirá de residencia a los supremos poderes de la federación, conforme a la facultad 28 del artículo 50 de la Constitución, será la Ciudad de México...”, señalando a su vez en el artículo 2 que “...Su distrito será el comprendido en un circulo cuyo centro sea la Plaza Mayor de esta ciudad y su radio de dos leguas...”.
A casi 190 años de su nacimiento, la Ciudad de México ha pasado por un amplio crecimiento demográfico hasta conformar lo que conocemos hoy como la Zona Metropolitana de la Ciudad de México.
Actualmente, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos del 5 de febrero de 1914, en su artículo 44 señala que “...La Ciudad de México es el Distrito Federal, sede de los Poderes de la Unión y Capital de los Estados Unidos Mexicanos. Se compondrá del territorio que actualmente tiene y en el caso de que los Poderes Federales se trasladen a otro lugar, se erigirá en el Estado del Valle de México con los límites y extensión que le asigne el congreso general...”. Así, el Distrito Federal se ha convertido en el centro político y económico de México.
En términos demográficos, su área metropolitana es la octava más poblada del mundo con un aproximado de 18.4 millones de habitantes[1] y el total de su territorio es el segundo más[] poblado del territorio mexicano[2]. Abarca el 7.9% del total de la población nacional[3] y cuenta con una densidad poblacional de 5,871 habitantes por kilómetro cuadrado[4].
En términos de extensión territorial, ocupa una décima parte del Valle de México y tan sólo el 0.1% del total del territorio nacional con una extensión de 1,485 kilómetros cuadrados[5].
Desde el punto de vista de la actividad económica, el Distrito Federal es la ciudad más rica de México: aporta el 21.5% del total del Producto Interno Bruto (PIB) nacional y se ubica dentro de los principales productores en el sector primario[6].
Las estadísticas reflejan la realidad de la capital mexicana: una excesiva sobrepoblación provocada principalmente por el incremento en la esperanza de vida de sus pobladores y por contar con una tasa de natalidad más elevada que la de mortandad[7]. Estos elementos sociales, económicos y políticos, sumados a una incomoda planeación urbana, refuerzan lo mencionado en el capítulo anterior: la Ciudad de México es el blanco perfecto para crear caos con una manifestación en lugares de tránsito público.


5.2. MARCHAS Y PLANTONES: UN PROBLEMA COTIDIANO

Cualquier residente de la Ciudad de México está consciente de lo previamente expuesto. Así, un capitalino es cauto en su forma de vida a sabiendas de que no sólo vive en la ciudad más grande del mundo, sino que también vive en una urbe desmesuradamente poblada y con un pesado tránsito vehicular que resulta ser el cotidiano escenario de marchas, mítines y plantones celebrados día tras día por personas que no siempre son residentes del Distrito Federal, sino que también suelen provenir de diversas partes del país planeando consignas al amparo que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos les otorga para reunirse en espacios públicos y manifestar libremente su opinión.
Diariamente los capitalinos ven en su camino manifestaciones que forman ya parte de su estilo de vida y simplemente se piensa que es el costo ha pagar por vivir en una ciudad con todas las comodidades que ofrece la Ciudad de México, “...La historia reciente de la ciudad de México y de otras ciudades del mundo muestran que el concepto de ciudad implica necesariamente todas sus manifestaciones públicas. Es decir, la ciudad de México (sic) ya no se puede ver solamente desde su demografía, su economía, su educación o su política como campos aislados. Al contrario, debe explicarse desde una perspectiva integral que tome en cuenta tanto el uso cotidiano de su espacio, como el uso extraordinario que de él hacen sus ciudadanos. Ese uso Extraordinario se expresa en las marchas, mítines, manifestaciones y plantones que día con día modifican el uso cotidiano de la ciudad de México (sic)...”[8]
Tan común resulta una manifestación pública en el Distrito Federal que éstas se presentan no sólo a manera de protesta sino inclusive para celebrar triunfos sociales y (sobre todo) deportivos[9]. Son para un capitalino tan habituales las manifestaciones en avenidas de tránsito público que generalmente se presentan más de una en un mismo día. No obstante, la cotidianeidad de éstas no resulta en una situación de vida agradable para ninguna persona. Lidiar con el tráfico vehicular, los retrasos de tiempo ocasionados y el tener que utilizar caminos alternos a los habituales resulta una verdadera molestia para toda persona.
Ante esta problemática y con propósito de atender las demandas de los manifestantes de manera rápida y eficiente, sobre todo a los grupos y organizaciones que integran éstas, el Gobierno del Distrito Federal, a través del Secretario de Gobierno en turno, José Ángel Ávila Pérez, oficializó la Unidad Especializada en Convivencia Urbana (UECU)[10].
Esta acción fue tomada por las autoridades locales como respuesta ante la problemática que representan para la Ciudad de México los cada vez más comunes plantones, mítines y marchas en espacios públicos, celebrándose un promedio diario de 8.6 manifestaciones de este tipo en la capital mexicana[11].
Esta Unidad se creó con el objetivo de lograr el diálogo y dar solución o cause a los conflictos de las movilizaciones en las calles con la intención de lograr una contención pacífica de las mismas, pero siempre bajo la premisa de que el gobierno local garantizará el derecho de libre expresión en espacios públicos evitando afectaciones a terceros y con la intención de encontrar soluciones pacíficas sin necesidad del uso de la fuerza[12].
Sin embargo, no podemos evitar hacer el señalamiento de que estas medidas gubernamentales no contemplan el problema desde el punto de vista de la población, que sigue viendo afectada su libre circulación como consecuencia de las manifestaciones en las calles, con sus obvias repercusiones en las actividades laborales, sociales, económicas y recreativas. Entonces, ¿qué derecho debe ser más protegido por las autoridades, el de libre expresión o el de libre tránsito? Tanto el derecho a reunirse y expresarse libremente en las calles como el derecho a la libertad de tránsito, son dos garantías consagradas a nivel constitucional en nuestro país. Sin embargo, cuando se presenta una manifestación multitudinaria en espacios de uso común estás dos garantías confluyen en un conflicto que a continuación analizaremos.


5.3. CONFLICTO DE DERECHOS: EL DERECHO DE MANIFESTACIÓN CONTRA EL DERECHO DE LIBRE TRÁNSITO

Al tratar el tema objeto de nuestro estudio encontramos la problemática de que la libertad de expresión, exteriorizada como una manifestación en las calles, se contrapone en innumerables ocasiones con la libertad de tránsito. Nos encontramos entonces ante un conflicto de derechos en el que sólo puede prevalecer plenamente el ejercicio de uno de ellos.
Lo ideal sería que ambos derechos coexistieran y se ejercieran sin el menoscabo del otro; sin embargo, la experiencia ha mostrado que en las manifestaciones públicas esto no es posible, “...el conflicto [entonces] radica en el hecho de que el acatamiento de una de las normas produce la contravención de la otra, no en que ambas puedan ser simultáneamente válidas. Esto se debe a que la invalidez de una norma solamente puede producirse cuando el orden jurídico prevé esta consecuencia jurídica para ciertos casos y regular los procedimientos, así como los órganos competentes para declararla...”[13].
Cualquier autoridad encargada de hacer cumplir las leyes no puede decidir qué derecho debe ser superior a otro, especialmente cuando las garantías en conflicto son referentes a la libertad de las personas. Pretender poner en una balanza las prerrogativas legales inherentes a los individuos a fin de determinar cuál merece una mejor protección por parte del Estado resultaría en el descontento social del sector de la población que viera una decisión contraria a sus intereses. En este orden de ideas, declarar que un derecho tiene más peso que otro reflejaría inclusive un acto discriminatorio al señalar que las libertades de un grupo tienen más validez que las del resto. Se vuelve evidente la necesidad de crear una normatividad jurídica que imponga límites a su ejercicio y prevea este conflicto logrando una protección para ambos derechos sin el detrimento de otro.
La protección de garantías fundamentales es un tema que tiene trascendencia internacional. Un país que no protege los derechos humanos es considerado como rezagado en cuanto a su desarrollo político y democrático, conllevando ello a consecuencias que repercuten en la economía nacional (por las bajas inversiones de capital extranjero y el poco turismo), motivo por el cual cualquier gobierno debe tener entre sus principales objetivos el enaltecer la libertad de que gozan sus ciudadanos. Esto no excluye a México, quien depende en buena parte de la derrama económica que genera el turismo proveniente de otros países así como de la inversión extranjera, por lo que una propaganda negativa hacia el aparato gubernamental en el tema que se trata repercutiría en una caída del turismo y por consecuencia, en problemas económicos a nivel nacional.
Visto de este punto, garantizar las libertades (de cualquier tipo) debe ser tratado como un objetivo primordial de los tres niveles de gobierno. Un claro ejemplo de lo anterior es la llamada cláusula democrática contemplada en el Acuerdo Interino sobre Comercio y Cuestiones Relacionadas con el Comercio entre los Estados Unidos Mexicanos, por una Parte, y la Comunidad Europea, firmado en diciembre de 1997, que señala en su artículo 1° que “...El respeto a los principios democráticos y a los derechos humanos fundamentales, tal como se enuncian en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, inspira las políticas internas e internacionales de las Partes y constituye un elemento esencial del presente Acuerdo...”. Si bien no se han establecido mecanismos concretos que aseguren su operatividad, por lo que la misma puede reducirse a una expresión de buenas intenciones de los Estados, sin carácter vinculante y con meros efectos declarativos, esta cláusula es estipulada como una herramienta para proteger, promover y respetar los derechos humanos. No obstante, como se mencionó previamente, cuando el ejercicio del derecho de libertad de expresión se traslada a espacios públicos genera un conflicto versus el derecho de libertad de tránsito. Ambos deben ser respetados y vigilados por las esferas gubernamentales sin generar el menoscabo de uno u otro.
Para lograr lo anterior debemos comenzar a considerar con mucha seriedad el hecho de que toda libertad debe tener limitaciones preventivas a fin de evitar este tipo de conflictos y así lograr un balance legal que no ocasione demérito a ninguna garantía, sino que por el contrario, ponga a las dos en un plano de igualdad que se refleje en una armonía en el ejercicio de las libertades de expresión y de tránsito de los cohabitantes de un mismo espacio físico; en este caso, de los habitantes del Distrito Federal.
Si bien las libertades que se están tratando son garantizadas a nivel constitucional, también es cierto que éstas no son absolutas. En el caso del libre tránsito, éste se supedita a reglamentaciones viales e incluso al pago de contribuciones que lo regulan (como se presenta en las casetas de cobro de las autopistas federales o multas de tránsito e infracciones vehiculares), evitando que bajo el amparo de esta garantía cualquier persona pueda conducir un automóvil en lugares que no han sido destinados para ello o en una dirección contraria a la establecida por la autoridad competente, resaltando que si bien la libertad de tránsito está garantizada por la Carta Magna, el ejercicio de la misma ha de realizarse siempre observando los preceptos legales preestablecidos y aplicables.
No obstante, para el caso de la libertad de expresión ejercida en las avenidas de uso común no se cuenta con lineamientos jurídicos o consuetudinarios que marquen las reglas a seguir a fin de evitar el conflicto entre las personas que lo ejercen y las personas que no lo ejercen en ese momento. “...En el marco de los instrumentos internacionales de derechos humanos, el ejercicio de la libertad de expresión está sometido a reglas generales, aplicables a todos los derechos humanos, y a otras que son propias de la libertad de expresión. Entre estas últimas, la primera que hay que destacar es la que indica que la libertad de expresión no es un derecho absoluto y que, por ende, puede estar sujeto a restricciones...”[14].
En este orden de ideas, la libre expresión debe estar sometida a preceptos que protejan las libertades del resto de la población con la finalidad de evitar no sólo conflicto de derechos, sino posibles enfrentamientos sociales. Ahora bien, siguiendo el ejemplo de los países que cuentan con lineamientos legales para regular las marchas, mitines y plantones, se vuelve necesaria la creación de una normatividad jurídica que establezca limitantes al ejercicio de la libertad de expresión en espacios públicos. Lo anterior no sólo bajo la prerrogativa de si el libre tránsito tiene restricciones, la libertad de expresión debería tenerlas, sino en virtud de que en el año 2006 la Ciudad de México vivió un plantón que duró más de un mes y medio, el cual afectó las actividades de miles de capitalinos.


5.4. EL PLANTÓN MÁS COSTOSO

La democracia en México se ha dado como un proceso lento que ha tenido resultados imperfectos. Las elecciones presidenciales celebradas el 2 de julio del 2006 no sólo han sido unas de las más reñidas del país sino que también son, hasta el momento, las que han tenido el resultado más estrecho en la historia de los comicios en México, con tan sólo 0.58% de ventaja en los votos para el ganador de los comicios[15]. El conteo de los votos y el proceso electoral, han sido objeto de severos cuestionamientos que señalaron inclusive la posible existencia de un fraude electoral.
Los resultados finales dados a conocer por el Instituto Federal Electoral (IFE) el 6 de julio de 2006 señalaron al candidato del Partido Acción Nacional (PAN), Felipe Calderón Hinojosa, como triunfador con una diferencia de apenas 233,831 votos[16] sobre su competidor más cercano, Andrés Manuel López Obrador, candidato de la alianza de Partidos Políticos llamada coalición Por el Bien de Todos[17] liderada por el Partido de la Revolución Democrática (PRD): tan sólo una diferencia de menos de un punto porcentual del total de los votantes a nivel nacional definió al triunfador que ostentaría el cargo de Presidente de los Estados Unidos Mexicanos en el periodo 2006-2012.
El candidato presidencial de la coalición Por el Bien de Todos se negó a reconocer el resultado de las elecciones y pidió un recuento de los votos señalando que siendo tan estrecho el resultado existía la posibilidad de errores al momento del conteo de las boletas electorales, aduciendo irregularidades durante el proceso. El perfil del mencionado candidato indicaba desde antes de la celebración de las elecciones presidenciales que en caso de un resultado adverso a sus intereses, éste podría tomar medidas subversivas como lo advirtió el historiador y escritor Enrique Krauze desde el mes previo a la celebración de los comicios: “...Costó casi un siglo transitar pacíficamente a la democracia. El mexicano lo sabe y lo valora. De optar por la movilización interminable, potencialmente revolucionaria, López Obrador jugará con un fuego que acabará por devorarlo. Y de llegar al poder, el ‘hombre maná’, que se ha propuesto purificar, de una vez por todas, la existencia de México, descubrirá tarde o temprano que los países no se purifican: en todo caso se mejoran […] Pero en el trance, México habrá perdido años irrecuperables...”[18].
El 7 de julio de ese año, a unas horas de que el IFE oficializara el resultado los simpatizantes de Andrés Manuel López Obrador iniciaron a manera de protesta una huelga de hambre a las afueras del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) para exigir la apertura de los paquetes electorales y se realizara un conteo “voto por voto, casilla por casilla”[19].
Dentro de este panorama, Andrés Manuel López Obrador inició lo que él llamó una “resistencia civil pacífica”, movimiento que consistió en un plantón en uno de los principales sectores del centro de la Ciudad de México, “...Inconforme con estos resultados, la Alianza por el bien de todos, en pleno uso de su derecho, impugnó la elección presidencial ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJFE) (sic) iniciando paralelamente, una resistencia civil pacífica en el Zócalo y a lo largo del Paseo de la Reforma...”[20]. Los campamentos se instalaron en las calles que conforman el llamado Corredor Zócalo-Reforma desde el día 30 de julio de 2006 “...entonces, los campamentistas ocuparon la calle en sus dos sentidos de la avenida Reforma-Juárez. Con improvisadas carpas, manteados, los automóviles, se reagrupaban debajo de las lonas, con cobijas, colchonetas, tiendas de campaña...”[21].
Así, el 5 de septiembre el TEPJF emitió su fallo definitivo ratificando a Felipe Calderón Hinojosa como Presidente electo de los Estados Unidos Mexicanos, aludiendo a que las quejas presentadas por la Coalición por el Bien de Todos en las que se denunciaban irregularidades en los comicios únicamente anularon algunas casillas sin que afectara el resultado final de las votaciones.
El descontento de los seguidores de Andrés Manuel López Obrador se agudizó y se tomó la decisión de mantener el plantón “...además, los simpatizantes se apropiaron de los sitios públicos de la ciudad -calles y plazas- y los usaron para determinados fines [...] Las mantas reflejaban la demanda del grupo o campamento, en ello se condensa el poder político, jurídico, social y cultural del movimiento...”[22].
Cuarenta y ocho días después de iniciado el movimiento de resistencia civil y dentro de un clima de tensión política suscitado por las celebraciones conmemorativas al inicio de la guerra de independencia de México, Andrés Manuel López Obrador tomó la decisión de dar por terminado el plantón y despejar las vialidades afectadas.
Diferentes opiniones han surgido en torno a este movimiento, algunos expresándose a favor del mismo “...un plantón multitudinario que, para sorpresa de todos, fue un ejemplo de convivencia armónica, respeto, limpieza, (sic) y buen comportamiento hacia el resto de la población, constituyendo, a pesar de la campaña en contra de parte de los medios de comunicación, un auténtico precedente de protesta social pacifica (sic) sin el menor desvío o desbordamiento...”[23], aunque contrario a lo anterior, la mayoría de las opiniones que surgieron en diversos medios de comunicación (especialmente en medios informáticos) se expresaron en contra del movimiento.
El presente análisis no trata sobre la legalidad o ilegalidad del movimiento encabezado por Andrés Manuel López Obrador, motivo por el cual hacer un señalamiento a favor o en contra del mismo no resulta pertinente.
No obstante, desde un punto de vista sociológico sí podemos señalar que el mismo logró reunir a incontables personas de diversos extractos sociales y dejó un precedente clave: fue un acontecimiento que impactó a la economía de la capital del país como ningún otro suceso de esta naturaleza lo había hecho.


5.4.1. IMPACTO ECONÓMICO

Es innegable que el plantón encabezado por Andrés Manuel López Obrador impactó directamente en la economía de la ciudad. Luego de los 48 días que duró esta manifestación en avenidas de tránsito público, la Cámara Nacional de Comercio del Distrito Federal reportó pérdidas por siete mil ochocientos millones de pesos; tres mil empleados despedidos; sesenta y siete microempresas que cerraron y treinta y cinco mil empresas que resultaron afectadas directamente previendo una recuperación que tardaría al menos 18 meses, resultando principalmente afectado el sector turístico debido a las cancelaciones de viajes y reservaciones hoteleras en la zona que se suscitaron durante los días en que se mantuvo el plantón y que generó una baja en la economía local, misma que se proyectarían hasta el mes de noviembre de ese año[24].
Realmente no se cuenta con cifras oficiales de las pérdidas económicas, pero se especula que éstas fueron millonarias “...el plantón duró exactamente 48 días; finalmente se levantaría el 14 de septiembre. La Canaco estimó un impacto negativo de 8 mil millones de pesos; 3 mil 900 personas habrían perdido su empleo y el PRD adeudaría 14 millones por gastos de mantenimiento...”[25].
Diversos medios de comunicación publicaron el estimado del impacto negativo en la economía local la cual no se centró únicamente en el detrimento de los ingresos a los comercios locales, sino también en los gastos que se realizaron para sostener al movimiento “...de acuerdo con un cálculo de Reforma -con base en diversas cotizaciones-, el gasto de los campamentos ascendió a unos 24 millones 500 mil pesos por concepto de 176 sanitarios móviles, 195 carpas, 350 lonas y dos grúas de cinco toneladas cada una...”[26]. Asimismo, el Partido de la Revolución Democrática (PRD), partido político que se erigió como líder de la coalición Por el Bien de Todos y principal promotor de las acciones de Andrés Manuel López Obrador, quedó con un adeudo como consecuencia del mantenimiento del plantón “...además, según dirigentes del PRD, les queda una deuda de 14 millones de pesos por gastos postelectorales, principalmente por las acciones de resistencia civil...”[27].
A lo anterior se deben sumar los daños causados a los espacios públicos afectados por el plantón “...[El] Paseo de la Reforma, en cuya reciente remodelación se invirtieron 260 millones de pesos del erario, quedó, al levantarse el plantón de la coalición Por el Bien de Todos, lleno de agujeros causados por las estacas que se clavaron en el pavimento [...] El gobierno capitalino anunció que destinará otros 30 millones de pesos para reposicionar la imagen de la principal avenida del país...”[28].
Además de los gastos que se generaron para la recuperación de la imagen de los espacios de uso común, otro gasto se uniría al erario público “...se espera que, de los 35 mil negocios damnificados (sic) por el plantón, una cantidad mínima recurra a la condonación de los impuestos predial, hospedaje y nómina. El organismo dirigido por Lorenzo Ysasi [Presidente de la Cámara Nacional de Comercio] admitió que en la quita fiscal que ofreció el jefe de Gobierno, Alejandro Encinas, los grandes comercios serán los que realmente salgan beneficiados. De tal forma que los habitantes del Distrito Federal tendrán que cargar con esos apoyos fiscales, lo cual indudablemente golpeará los ingresos públicos de la ciudad de México y, por ende, su presupuesto...”[29].
De esta forma logra observarse que el movimiento de resistencia civil afectó directamente no sólo a las personas cuyos ingresos dependían de la actividad económica que se desarrolla en las calles afectadas por el plantón, sino también al resto de la población económicamente activa de la Ciudad de México.


5.5. ¿INTERESES POLÍTICOS O SOCIALES EN LAS MARCHAS Y PLANTONES EN LA CIUDAD DE MÉXICO DISTRITO FEDERAL?

El costo económico, social y político que representa hoy día una manifestación en un lugar de uso público plantea la reflexión de los verdaderos ideales que defiende el sector social que lleva a cabo un movimiento de esta naturaleza y los intereses que hay detrás de su realización. Como se ha expuesto previamente, las manifestaciones persiguen un fin específico que en su mayoría busca la reivindicación de garantías sociales.
Sin embargo hemos visto que en tiempos recientes este tipo de acciones han perdido su esencia puramente social y se ha mezclado con temas políticos. No podemos negar que el caso analizado en el punto anterior inició como protesta en la que sus integrantes tenían como objetivo el apoyo a su líder moral y el levantar su voz en contra de los resultados de los comicios de 2006, siendo claramente éste un esfuerzo colectivo de los manifestantes para defender sus ideales ante las posibles irregularidades en el proceso electoral. No obstante, la manifestación en las calles se convirtió en una lucha social que culminó como un movimiento político que enfrentó al representante de la Coalición Por el Bien de Todos en contra de quien resultaría presidente electo, el representante del Partido Acción Nacional[30], lo que generó pérdidas económicas y consecuencias políticas para los involucrados.
El hecho de que una manifestación que inicie como protesta se transforme en un movimiento social y después en una organización con esencia política no es algo realmente nuevo, siendo este un fenómeno que en todo el mundo se suscita, especialmente en nuestro continente: "...Durante las últimas décadas los movimientos sociales en América Latina se han convertido en actores políticos muy importantes. Buscan el cambio lejos de los actores políticos tradicionales, manteniendo su autonomía y priorizando como estrategia de acción colectiva la de la movilización masiva; o bien deciden acercarse a algunos actores políticos (tales como los partidos), participando dentro del sistema político por la vía institucional/electoral..."[31]. Esto no es sino el resultado de la desconfianza que los pobladores de un lugar tienen de sus autoridades tanto locales como federales.
México no es la excepción de este fenómeno. La llamada resistencia civil pacífica suscitada en 2006 en la Ciudad de México es un claro ejemplo. En virtud de ello, cabe reflexionar sobre los intereses que hoy motivan a un grupo de personas a manifestarse en vías de uso común. Hemos analizado con antelación que las manifestaciones multitudinarias en las calles suelen tener como objeto la defensa del interés colectivo; sin embargo, los organizadores y participantes no siempre buscan el beneficio común de un sector social, sino un interés más específico y con tintes políticos.
El que una manifestación en las vías públicas conlleve a una lucha política no es sino el reflejo de que este tipo de acciones cada vez toman más fuerza y demuestran, por ende, ser por excelencia la herramienta para que una minoría social alce la voz y sea considerada en la toma de decisiones que llevan a cabo los grupos gobernantes dentro de los sistemas democráticos actuales. Marchas, plantones y mítines en las calles suelen tener hoy día como finalidad el que la clase política tome en cuenta la opinión de los integrantes de una sociedad, especialmente de las clases desprotegidas; no obstante, no podemos dejar de considerar que las manifestaciones en las calles no son exclusivas de éstas clases, sino que también son utilizadas como un medio de presión por agrupaciones con altos niveles organizativos, como lo son los sindicatos.
Si bien es cierto que en la teoría los políticos de un régimen democrático son los representantes del pueblo, la corrupción y la búsqueda del beneficio personal ligada a escándalos públicos de varios políticos ha logrado desvirtuar en innumerables ocasiones este concepto, generado a la población en general una sensación de inseguridad y falta de legalidad y legitimidad en las instituciones democráticas y políticas del país[32].
Los sectores sociales que no ven una verdadera representación de sus intereses y/o ideales en los grupos integrantes de la política nacional han encontrado en las manifestaciones en avenidas de uso común un medio de “hacer política pública”. Bajo esta premisa, la Ciudad de México es el centro político del país por ser la sede de los Poderes de la Unión y una de las principales economías nacionales, convirtiéndola como consecuencia en el espacio idóneo para realizar una protesta en espacios públicos y con ello lograr una mejor presión sobre la clase gobernante.
Hasta el día de hoy se ha considerado que la actividad política de la mayor parte de la población civil se limita a la participación electoral; sin embargo, la naturaleza cambiante y la constante evolución del pensamiento de la sociedad ha hecho que las manifestaciones multitudinarias en espacios de uso común sean incluidas en el actuar de las altas esferas de poder: "...en las democracias liberales los ciudadanos (salvo unos muy pocos que caben sentados en una mesa) no participan en el gobierno. La participación política en la democracia liberal consiste básicamente en un tipo de actividad orientada a influir sobre el gobierno mediante el ejercicio de los derechos políticos. La articulación de esta influencia puede tomar la forma central de la elección de los gobernantes (las elecciones) o encarnarse en diversas actividades orientadas a influir en las decisiones políticas de los mismos..."[33].
Actualmente las manifestaciones (consideradas como el ejercicio de la libertad de expresión en avenidas públicas) no sólo son un medio de defensa y presión exclusivo de las clases desprotegidas y grupos de presión, sino que se ha convertido en un vehículo por medio del cual un grupo político puede allegarse de simpatizantes y de apoyo popular en virtud de su inherencia como medio propositivo generador de importantes cambios sociales. Como consecuencia de lo anterior, muchas manifestaciones públicas en los últimos años han tenido una estrecha vinculación con los partidos políticos.
María Fernanda Somuano Ventura, en su artículo "Movimientos sociales y partidos políticos en América Latina: una relación cambiante y compleja", publicado en 2007 por la Universidad Autónoma Metropolitana-Xochimilco, hace referencia al análisis que Michael Hangan realiza en su estudio titulado “Social Movements. Incorporation, Disengagement an Opportunities. A Long View” para enlistar las cinco principales formas en que las manifestaciones en las calles se relacionan con los movimientos de los partidos políticos[34]: articulación, permeabilidad, alianza, independencia y transformación[35].
ARTICULACIÓN.- Esta relación entre los organizadores de movimientos sociales y los partidos políticos consiste en que las organizaciones se agrupan alrededor del programa de un partido, el cual promueve posiciones entre los seguidores potenciales en espera de controlar sus movilizaciones y conseguir apoyo electoral y nuevos miembros en su militancia, ofreciendo a cambio acceso a ciertos círculos de poder y apoyo institucional para los integrantes del movimiento. En este caso, las organizaciones que realizan movilizaciones suelen encontrar que sus principios se identifican con los propósitos del partido político al que se adhieren.
PERMEABILIDAD.- Los integrantes de un movimiento social se infiltran en las filas de un partido político con la finalidad de encausarlos sin objetivos definidos, aunque para lograr una expectativa mínima de éxito se asume la preexistencia de un apoyo considerable a sus causas dentro los lineamientos inherentes al partido, pretendiendo lograr una influencia suficiente en el mismo para lograr apoyo o en su caso, adueñarse del mismo.
ALIANZA.- Las organizaciones pueden negociar alianzas con partidos o facciones de éstos para la colaboración en asuntos específicos, teniendo como principal característica que tanto el partido como el movimiento cuentan con su propia estructura separada y libertad general de acción. La alianza suele ser consecuencia de la permeabilidad.
INDEPENDENCIA.- Aquí las organizaciones de un movimiento actúan de manera autónoma a un partido político, fungiendo como grupos de presión para lograr hacer concesiones que, de no hacerse, pueden representar la pérdida de votos potenciales de quienes lo apoyan.
TRANSFORMACIÓN.- En ese caso, los integrantes del movimiento se convierten en un partido político. En su generalidad las organizaciones sociales surgen como "partidos de protesta" que articulan demandas sociales vigentes. Sin embargo, si estos partidos crecen pueden evolucionar para formar parte de "partidos gobernantes o en el poder", aquellos que cuentan con una verdadera influencia en las decisiones gubernamentales y públicas mediante su propio poder electoral.
Ejemplos de los casos anteriores son palpables hoy día en México: desde grupos de presión y sindicatos bien organizados que influyen en las decisiones gubernamentales, hasta partidos que surgieron como consecuencia del descontento social son parte de la vida política cotidiana del país. Pretender negar lo anterior sería desvirtuar la realidad actual de nuestra sociedad y ha ocasionado que actualmente las marchas y plantones en la Ciudad de México sean consideradas por la mayoría de la población como actos merecedores de injurias y descontento a causa del caos que llegan a provocar en el tránsito civil de los ciudadanos y por la poca difusión que tienen los motivos que orillan a un grupo a tomar las calles como protesta.
Ligar a las manifestaciones en avenidas públicas con partidos políticos o grupos de presión lejos de lograr un beneficio para sus organizadores conlleva a que en el resto de la población se genere una sensación de antipatía y rechazo a estos grupos de protesta creando una imagen de vandalismo en los integrantes de las marchas y plantones (idea que se alimenta constantemente por las notas difundidas a través de diversos medios de comunicación y que impactan de manera negativa no sólo las movilizaciones manifestantes, sino los objetivos que sus integrantes pretender lograr).
La clase gobernante ha intentado regular los mítines, marchas y plantones en la Ciudad de México utilizando como consigna la protección al derecho de terceros respecto de su libertad de circulación por avenidas de tránsito público. El saber si una manifestación beneficia o perjudica ante la opinión pública a sus organizadores, así como las propuestas políticas que han surgido al respecto y la posibilidad de adaptar legislaciones extranjeras al Distrito Federal son temas que se analizaran en el siguiente capítulo.

[1] http://www.demographia.com/db-wlargestua.pdf [fecha de consulta: 25/08/2011]
[4] http://cuentame.inegi.gob.mx/monografias/informacion/df/poblacion/densidad.aspx?tema=me&e=09 [fecha de consulta: 25/08/2011]
[5] Idem.
[8] MINOR, Fredy y Juan Carlos Gómez, La apropiación del espacio público: las mega marchas y el mega plantón del movimiento postelectoral 2006, en El Cotidiano, Universidad Autónoma Metropolitana-Azcapotzalco, México, enero-febrero 2007, núm. 141, p. XXXI.
[9] Generalmente en el Ángel de la Independencia, cuya localidad ha sido incluso utilizada para brindar espectáculos públicos.
[10] Esta Unidad se integra por personal de las Direcciones Generales de Gobierno y la de Concertación Política, Atención Social y Ciudadana que se encargan de hacer el trabajo de concertación a fin de evitar bloqueos, tomas de calles, protestas, mítines y manifestaciones, privilegiando siempre el diálogo, de acuerdo con el Boletín 1254 del Domingo, 26 de julio de 2009 de la Jefatura de Gobierno del Distrito Federal.
[11] Boletín 1254 del Domingo 26 de julio de 2009 de la Jefatura de Gobierno del Distrito Federal.
[12] Según el mencionado Boletín 1254 del domingo 26 de julio de 2009, se logró reducir el tiempo de atención a movilizaciones de 45 a 20 minutos.
[13] HUERTA OCHOA, Carla, Conflictos normativos, Instituto de Investigaciones Jurídicas, Universidad Nacional Autónoma de México, México, 2003, p. 89.
[14] FAÚNDEZ LEDESMA, Héctor, Op. Cit, p. 294.
[15] Cfr.- http://www.ife.org.mx/documentos/proceso_2005-2006/cuadernos/pdf/C5/c5_5-4.pdf [fecha de consulta: 13-08-11]
[17] Esta coalición político-electoral la conformaron el Partido de la Revolución Democrática (PRD), el Partido del Trabajo (PT) y el Partido Convergencia.
[18] KRAUZE, Enrique, El Mesías Tropical, en Letras Libres, México, núm. 90, junio 2006, p. 24.
[19] Frase que a la postre se convertiría en el estandarte del movimiento que encabezaría el propio Andrés Manuel López Obrador en contra del resultado de estas elecciones.
[20] ARENAS, Rebeca, Elecciones 2006: Crónica de un retroceso democrático, en El Cotidiano, Universidad Autónoma Metropolitana-Azcapotzalco, México, enero-febrero 2007, núm. 141, p. LXXII.
[21] MINOR, Fredy y Juan Carlos Gómez, Op. Cit., p. LXI.
[22] MINOR, Fredy y Juan Carlos Gómez, Op. Cit.,GG p. XXXVIII.
[23] ARENAS, Rebeca, Óp. Cit, p. LXXII.
[24] Nota publicada en Redacción de El Universal el 18 de septiembre de 2006 en el vínculo http://www.eluniversal.com.mx/notas/375879.html [fecha de consulta: 25/08/2011]
[25] TAMAYO, Sergio, Dinámica de la movilización. Movimiento poselectoral y por la democracia, en El Cotidiano, Universidad Autónoma Metropolitana-Azcapotzalco, México, mayo-agosto 2007, núm. 024, p. 266.
[26] STAFF EDITORIAL, Levantan plantón; quedan pérdidas, en Reforma, México, D. F., 16 de septiembre de 2006, Primera Plana.
[27] STAFF EDITORIAL, Op. Cit., Primera Plana.
[28] CANO CEDILLO, Alejandro, Hoyos, destrozos y pintas deja plantón en Reforma, en La Crónica de Hoy, México, D. F., 19 de septiembre de 2006, Primera Plana.
[29] Nota publicada en Redacción de El Universal el 15 de septiembre de 2006 en el vínculo http://www.cronica.com.mx/nota.php?id_nota=261377 [fecha de consulta: 25/08/2011]
[30] DARÁN MARTÍNEZ, Oscar, La Convención Nacional Democrática “Por el bien de todos” en El Cotidiano, Universidad Autónoma Metropolitana-Azcapotzalco, México, enero-febrero 2006, núm. 141, pp. LIX-LXII.
[31] SOMUANO VENTURA, María Fernanda, Movimientos sociales y partidos políticos en América Latina: una relación cambiante y compleja en Política y cultura, Universidad Autónoma Metropolitana-Xochimilco, México, 2007, número 027, p. 31.
[32] Ibidem., p. 33.
[33] DEL ÁGUILA, Rafael (coord.), Manual de ciencia política, Editorial Trotta, Madrid, 1997, p. 209.
[34] SOMUANO VENTURA, María Fernanda, Op. Cit., pp. 41-50
[35] Idem.
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